Tribuna de opinión: Trascender para transformar a través del derecho

TRASCENDER PARA TRANSFORMAR A TRAVÉS DEL DERECHO

Viviana Waisman y Tania Sordo Ruz

Presidenta y co-fundadora de Women’s Link Worldwide y abogada de staff de la organización

RJUAM núm. 32

 

Desde Women’s Link Worldwide utilizamos el poder del Derecho para promover cambios sociales que avancen los derechos de las mujeres y las niñas, en especial aquellas que enfrentan múltiples formas de discriminación. Para realizar estos cambios sociales contribuimos a la creación de jurisprudencia con perspectiva de género y un análisis inter- seccional, así como a construir capacidades y condiciones para que el cambio sea sostenible. Por este motivo, como parte de nuestro trabajo llevamos a cabo litigios de interés público para trascender los tribunales y los casos concretos involucrando a las sociedades civiles, diferentes actores de los Estados y creando debate público. Así, buscamos trascender para transformar.

Los casos que litigamos son sobre violencia en contra de las mujeres y niñas en sus distintas manifestaciones, discriminación en contra de ellas y también los relacionados con las vulneraciones a sus derechos sexuales y reproductivos. Tal como lo establece el Derecho internacional de los Derechos Humanos, entendemos que la violencia de género es una forma de discriminación y una violación de los mismos. Con la experiencia hemos comprendido que esta violación a los derechos es sumamente compleja y por lo tanto su erradicación no solamente necesita de un marco legal adecuado sino también de una aplicación efectiva de dicho marco.

Una de las causas de la falta de una aplicación efectiva de la legislación en materia de violencia de género radica en el uso de estereotipos de género. Las ideas que conllevan estos estereotipos sobre las características, habilidades, conductas, atributos, actividades, tareas y espacios que se consideran apropiados para las mujeres y los hombres, otorgando más valor y prestigio a lo que se cree como propio de los varones, tienen  consecuencias en diferentes aspectos de nuestras vidas. Estas ideas se transmiten por distintos canales y forman parte de la socialización de todas las personas, asimismo se reflejan en el razonamiento, el lenguaje y la actuación.

Las personas que crean, aplican o interpretan las leyes tienen prejuicios igual al resto de las personas y por lo tanto no están exentas de transmitir estereotipos de género. El uso de estos estereotipos, no debe ser minimizado, ya que tiene consecuencias en la búsqueda de una sociedad igualitaria y verdaderamente democrática. Por ejemplo, si una mujer víctima de violencia de género acude al sistema judicial buscando protección y se emite una decisión que atiende a estereotipos de género, como por ejemplo, que las mujeres en ocasiones mienten para conseguir «beneficios» en una separación, se estará reproduciendo la violencia en contra de las mujeres. Así, estos estereotipos retroalimentan la violencia y la discriminación, y profundizando un poco más, son a la vez causa y consecuencia de esta violencia.

Un ejemplo de la situación anterior es el caso emblemático de Ángela González Carreño contra España, a quien desde Women’s Link tenemos el orgullo de representar. Ángela lleva doce años buscando justicia y reparación para que casos como el suyo y el de su hija menor de edad Andrea, asesinada por su ex pareja y padre de la niña, no vuelvan a ocurrir. Ángela sufrió violencia de género por más de veinte años y decidió huir de su domicilio llevando consigo a Andrea, que en ese momento tenía tres años, buscando protección para ambas. Ella presentó numerosas denuncias ante cada episodio de violencia y solicitó que el régimen de visitas de Andrea con su padre fuera supervisado. Sin embargo, después de un largo periplo, el juzgado permitió un régimen de visitas sin vigilancia. En 2003 en una visita sin supervisión, el maltratador asesinó a Andrea (en ese momento tenía siete años) y luego se suicidó.

Después del asesinato de Andrea, Ángela inició, sin éxito, procedimientos judiciales y administrativos con el fin de que se reconociera la responsabilidad de las autoridades en los hechos ocurridos. Una vez agotadas las vías a nivel nacional, junto a Women’s Link Worldwide, su caso fue presentado ante el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer («Comité CEDAW»). Lo anterior fue posible debido a que España ha ratificado la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer («CEDAW») y su Protocolo Facultativo, el cual permite la presentación de comunicaciones individuales.

En 2014 el Comité CEDAW determinó a través de un Dictamen la responsabilidad del Estado español por infringir determinados derechos de Ángela y Andrea estipulados en la CEDAW, leídos conjuntamente con la Recomendación General Núm. 19 del Comité sobre la violencia contra la mujer. Por lo anterior, el Comité realizó recomendaciones al Estado, unas respecto a Ángela y otras de carácter general. En cuanto a Ángela, el Comité estableció que se le debía otorgar una reparación adecuada y una indemnización integral y proporcional a la gravedad de la conculcación de sus derechos, así como que se debía llevar a cabo una investigación exhaustiva e imparcial con el fin de determinar la existencia de fallos en las estructuras y prácticas estatales que hubiesen ocasionado una falta de protección tanto de Ángela como de Andrea.

Sobre las recomendaciones de carácter general, el Comité estableció que el Estado debe tomar medidas adecuadas y efectivas para que los antecedentes de violencia de género sean considerados al estipular el régimen de visitas y la custodia, para no poner en riesgo la seguridad de las víctimas de esta violencia, incluidas las hijas y los hijos, así como que se debía hacer prevalecer el interés superior del niño y la niña y su derecho a que se les escuchase en todas las decisiones que se tomasen en este sentido. Igualmente se recomendó reforzar la aplicación del marco legal para asegurar el ejercicio del principio de debida diligencia en casos de violencia de género. Por último, el Comité recomendó al Estado español proporcionar formación obligatoria a jueces, juezas y personal administrativo que interviene en estos casos sobre la aplicación del marco legal de lucha contra la violencia de género, incluyendo formación sobre la definición de esta violencia, los estereotipos de género, la CEDAW, su Protocolo Facultativo y las Recomendaciones Generales del Comité, en particular la Núm. 19.

Estas recomendaciones marcan una hoja de ruta sobre las medidas que tienen el potencial de salvar la vida de mujeres, niñas y niños, ya que casos como el de Ángela y Andrea continúan sucediendo. Esto hace evidente que, como ha manifestado el Comité, no estamos ante un caso aislado sino que este forma parte de un contexto estructural en el cual la legislación no está siendo aplicada de manera adecuada. Esta falta de implementación está afectando a mujeres, niñas y niños con nombres y vidas.

El Estado español ha manifestado que no cumplirá con este Dictamen, a pesar de que voluntariamente ratificó la CEDAW y su Protocolo. Es decir, el Estado ha afirmado que no cumplirá con sus obligaciones internacionales. Lo anterior envía un mensaje de tolerancia de la violencia de género y de impunidad que perpetúan esta violencia. Junto con Ángela, desde Women’s Link continuaremos luchando, como dice uno de nuestros lemas: «Nuestros derechos, tu dignidad, contigo Ángela».

Una recomendación del Dictamen que nos gustaría resaltar en esta ocasión consiste en la necesidad identificada por el Comité de que exista una formación obligatoria en determinados temas para jueces, juezas y personal que intervienen en estos casos. Lo anterio    r nos hace reflexionar sobre la importancia de lo que se enseña cuando se está estudiando Derecho. No tenemos duda que existe un vínculo entre la producción y difusión de determinado conocimiento y la persistencia de la violencia de género en nuestra sociedad. Sobre la educación y la universidad como un canal de socialización que puede invisibilizar esta violencia y contribuir a naturalizarla y normalizarla. En la carencia en los planes de estudios de una perspectiva de género y sus consecuencias, no solo para las mujeres, sino para toda la sociedad. Esto nos lleva a cuestionarnos qué derechos se defienden, a favor de quién y desde qué perspectivas si se omite el conocimiento no hegemónico y las genealogías de los movimientos que han cuestionado el orden social establecido al considerarlo injusto.

Si bien el cumplir con el Dictamen del caso de Ángela es responsabilidad del Estado, este caso emblemático nos hace reflexionar sobre lo que cada sector de la sociedad, como el universitario, puede hacer para que casos como este no vuelvan a ocurrir. Conjuntamente como sociedad, podemos trabajar en avanzar hacia la enseñanza de un Derecho y el fomento de una producción del conocimiento que desmonta los prejuicios que tenemos todas las per sonas que dan lugar a los estereotipos y la discriminación. Este ejercicio se tiene que hacer de manera expresa, coherente y consistente, aunque en ocasiones, nos ponga en situaciones incómodas. De esta manera, en lugar de reproducir la violencia de género, aun de forma no intencionada, la educación de nuestros futuros profesionales puede buscar el verdadero respeto y la garantía de los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Esto no solo es posible, sino que es una obligación y una cuestión de ética en la búsqueda de sociedades justas, igualitarias y democráticas.

De esta manera, como han hecho muchas personas comprometidas con los derechos humanos, podemos hacer los vínculos entre un caso de violencia de género y la importancia de que en la Universidad se trascienda para transformar a través del Derecho. Ya que, si una cara del Derecho puede reproducir esta violencia, existe otra que puede cuestionarla y así contribuir a erradicarla.

Tribuna de opinión: La Universidad al servicio de la sociedad. Decimoquinto aniversario de la RJUAM

LA UNIVERSIDAD AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD: DECIMOQUINTO ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA REVISTA JURÍDICA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Luis Gordo González

Director de la RJUAM

RJUAM núm. 31

Hace quince años la Universidad Autónoma de Madrid se sumó a la lista de grandes universidades mundiales con una revista jurídica propia, a través de la que difundir artículos originales de investigación. Nació entonces la Revista Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid (RJUAM).

No corresponde en este momento glosar las virtudes de la Universidad Autónoma de Madrid en general, ni de la Facultad de Derecho en particular. Tampoco debemos enfrentar la tarea de exponer las muchas contribuciones que la Universidad Pública brinda a la sociedad. Nos limitaremos a manifestar aquí nuestro orgullo por que la RJUAM contribuya en la tarea encomendada a la Universidad Pública: la creación y difusión del conocimiento.

La RJUAM ha mantenido desde su fundación unas señas de identidad claramente reconocibles que le imprimen su carácter marcadamente innovador. En primer lugar, es una revista multidisciplinar en la que tienen cabida ensayos sobre cualquier materia jurídica o de ciencia política, nacionales o internacionales. Además, por nuestra vocación de favorecer el enriquecimiento del debate científi co, las páginas de la RJUAM acogen artículos de los profesores más importantes del panorama nacional e internacional, así como de jóvenes investigadores y de estudiantes que sobresalen en sus áreas de conocimiento.

Otra de las características particulares de nuestra Revista es que el Consejo de Redacción de la RJUAM está formado por jóvenes profesores e investigadores de nuestra Facultad. Eso la dota de un dinamismo y energía que ha permitido impulsar su evolución y consolidación a lo largo de estos años.

Estas singularidades propias de la RJUAM han permitido que la Revista, que empezó solamente como una publicación semestral, muy pronto pudiera empezar a desarrollar otras actividades científi cas adicionales. Sus jornadas multidisciplinares anuales son en la actualidad un referente en el estudio del Derecho. Además, se instauraron foros de debate sobre cuestiones de máxima actualidad que han permitido acercar complejos problemas y debates jurídicos y politológicos a un público muy amplio no especializado en la materia. Asimismo, para fomentar el acercamiento de los estudiantes de Grado y de Licenciatura a las actividades de investigación y a la presentación de ponencias en congresos científicos se instituyó el Premio Joven Investigador, al que cada año concurre un mayor número de estudiantes provenientes de las mejores universidad españolas. Algunos de los interesantes artículos que los candidatos han presentado a este premio han sido publicados y pueden ser consultados en otros números de nuestra Revista.

Todas estas exitosas iniciativas y las que vendrán en el futuro no habrían sido posibles sin el decidido apoyo de los que iniciaron este proyecto. Siempre estaremos en deuda con ellos por la confi anza y el aliento que nos han prestado en todo momento. En particular con el profesor Carlos Espósito Massicci, principal impulsor de esta iniciativa, que confi ó en un modelo de Revista que, a la postre, ha demostrado que podía mantener unos estándares de calidad y rigor científi co a la altura de las mejores publicaciones.

Tampoco podemos dejar de reconocer el aliento de los profesores que han formado parte de nuestro Consejo Asesor a lo largo de estos años, actualmente integrado por los profesores: Antonio Fernández de Buján, José Mª Miquel González, Pilar Benavente Moreda, Francisco Velasco Caballero y Santiago Pérez-Nievas Montiel. Asimismo, queremos agradecer el respaldo de la profesora Yolanda Valdeolivas García y de todos aquellos que la precedieron como Decanos de nuestra Facultad, en los que siempre hemos encontrado un apoyo decidido para mantener vivo este ilusionante proyecto.

Debemos mencionar también a los profesores que en cada momento han conformado el Consejo de Redacción de la RJUAM, algunos ahora son profesores titulares o contratados doctores; algunos continúan en la UAM, otros están en diversas universidades españolas y aún otros han emigrado a universidades extranjeras. Todos ellos contribuyeron a mejorar la RJUAM, a luchar por cumplir con el objetivo que se espera de la revista científi ca de una de las mejores facultades de Derecho españolas: poner el conocimiento al servicio de la sociedad. De nuestros antiguos compañeros conservamos la ilusión por el trabajo, la ambición por superar desafíos y el rigor científi co, un legado de inestimable valor. Ellos son por orden de aparición en los distintos números de la RJUAM: Laura García, Adriana Pascual, Félix Alberto Vega, Jorge Agudo, Antonio Arrollo, Mar Domínguez, Abraham Sanz, Marta Jiménez, Miguel Ángel López, Eduardo Melero, Carmen Miquel, Esther Monterroso, Tomás de la Quadra, Susana Sánchez, Borja Suárez, Rosa Fernández, Mario Maraver, Maravillas Espín, Judith Domínguez, Raquel Escutia, Susana Espada, Carlos Jiménez, Sonia Sánchez, Julia Solla, Rafael Polo, Paula Goyanes, Belén Martín, Francisco M. Ruiz, Ricardo Saavedra, Carlos Varela, Pablo Guérez, Jesús Sánchez, Antonio Bengoechea, Yamila Fakhouri, Beatriz Gregoraci, Silvia Díez, Luis Fonseca, Alonso Henández, Antonia Gutiérrez, Carmen Gutiérrez, Carmen Crespo, Andrea Macía, Gema Quintero, Guillermo Caballero, Domingo J. Jiménez-Valladolid, Iñigo de la Maza, Jorge Ruiz, Laura Beck, Nicolas Carrillo, Fernando Pastor, Juan Ferrer, Marcos Jornet, Mariam Martínez-Bascuñán, Alejandra Torres, Javier Frutos, Mariona Llobet, Rosa María Navarrate, Dámaso Riaño, Sara Sánchez y Esther Farnós.

A todos ellos vaya nuestro más sincero agradecimiento y reconocimiento a su labor. Por ello, para conmemorar el decimoquinto aniversario de la fundación de la RJUAM, su Consejo de Redacción ha considerado que el mejor tributo al trabajo de todos estos años era elaborar este número especial con las contribuciones de algunos de los antiguos redactores de nuestra Revista

Tribuna de opinión: La Universidad ante los retos del futuro.

LA UNIVERSIDAD ANTE LOS RETOS DEL FUTURO

José M. Sanz

 Rector de la Universidad Autónoma de Madrid

RJUAM num. 30

Al asumir el rectorado de la Universidad Autónoma de Madrid continuamos el trabajo, ya iniciado por mis predecesores, de preservar y mejorar el prestigio de una institución que se caracteriza por su compromiso con la sociedad, con la generación y transmisión de conocimientos y con la mejora continua de la calidad de sus funciones básicas: la docencia, la investigación, la innovación y la cultura. El resultado del trabajo y del esfuerzo diario de todos los miembros de nuestra comunidad universitaria se tradujo en la obtención de la certifi cación CEI UAM+CSIC que nos otorgó el ministerio de Educación en septiembre de 2009.

El Programa Campus de Excelencia Internacional nació con el objetivo de situar a las universidades españolas entre las mejores universidades europeas, y a sus campus más competitivos entre los de más prestigio y referencia internacional. Promovía principalmente la efi cacia docente e investigadora mediante la concentración de objetivos y esfuerzos, la especialización y la promoción de agregaciones estratégicas con instituciones, centros de investigación y empresas, sin obviar que las universidades constituyen un foco de desarrollo de su entorno territorial y ejercen una función de responsabilidad social institucional, que debe caracterizarse por el desarrollo de sinergias con instituciones del ámbito local, regional, nacional o internacional.

Nuestro Campus de Excelencia Internacional UAM+CSIC nace como instrumento para identifi car proyectos de agregación y para promover que las entidades presentes en su entorno de infl uencia y en el campus de la UAM fortalezcan su interacción mediante alianzas estratégicas, sumando esfuerzos de instituciones de investigación, empresas y organizaciones empresariales, entes territoriales y agentes sociales. Para su desarrollo se diseñó un Plan Estratégico 2009-2014, que contemplaba actuaciones coordinadas entre sus agentes para alcanzar dos objetivos principales: situar al CEI UAM+CSIC en el año 2015 como campus líder en España y en una posición de relevancia a nivel internacional y potenciar su integración con el entorno territorial para liderar el desarrollo cultural, económico y social de Madrid Norte.

El lanzamiento del proyecto del Campus de Excelencia supuso para las algunas universidades, las primeras que recibimos la certifi cación, un paso adelante por parte de la administración central, que retomaba la educación superior como uno de los motores básicos para salir de la situación en la que nos encontrábamos. Confi aban en la generación de una sociedad basada en el conocimiento para que nuestro país volviera a recuperar el ritmo que nos llevó a crecer en Europa.

Desde su selección como Campus de Excelencia Internacional en 2009 se han desarrollado la práctica totalidad de acciones propuestas en el Plan Estratégico 2009-2014, y se ha producido una importante evolución de la UAM y su Campus a través de tres ejes de transformación: agregación, especialización e internacionalización.

El CEI UAM+CSIC partía de un nivel de agregación institucional pre-existente entre las dos instituciones UAM y CSIC a través de cuatro centros mixtos. La UAM fue pionera en la agregación con el CSIC, con un modelo iniciado en 1975 que ha servido de ejemplo para iniciativas similares a nivel nacional, compartiendo en un espacio común infraestructuras, profesores e investigadores. La apuesta del CEI UAM+CSIC de crear un Campus con una fuerte presencia de centros de investigación de excelencia, con un marcado carácter científi co y un creciente componente académico, se ha consolidado y extendido con la agregación de cinco institutos propios del CSIC, dos institutos Madrileños de Estudios Avanzados, un nuevo centro mixto UAM+CSIC: Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación (CIAL) y cuatro Institutos de Investigación Sanitaria (IIS) ubicados en los hospitales asociados a la Facultad de Medicina de la UAM (IDIPAZ, IIS-Princesa, IISFJD e IIS-Puerta de Hierro), con los que se ha impulsado el Bio UAM+CSIC (BUC), germen del futuro Parque Biomédico (BioMed Park). En su conjunto, la agregación CEI UAM+CSIC constituye la primera comunidad investigadora de España y una de las más relevantes en Europa.

El Campus UAM+CSIC se concibe también como campus global, gracias a las numerosas alianzas activas con universidades e instituciones de todo el mundo. Hasta el momento, los acuerdos establecidos no sólo han permitido el desarrollo de programas de movilidad específi cos y de proyectos de investigación internacionales entre los que debemos destacar la implementación de programas para la obtención de títulos dobles con diversas universidades europeas (Universidad Paris Dauphine, Toulouse, Estrasburgo y Boston University), el establecimiento del Centro de Universidades Europeas en Pekín, la participación en la Facultad de Derecho Chino-Europea en Pekín y, también, la constitución de la Alianza 4U con las Universidades Autónoma y Pompeu Fabra de Barcelona y Carlos III de Madrid. Asimismo cabe mencionar el programa del internacional académico del campus de Harvard y la confi guración de una alianza entre las veinte universidades europeas integradas en el ranking QS 50 under 50.

La internacionalización es el eje vertebrador del CEI UAM+CSIC; un proceso transversal de carácter estructural y sistémico. Para su consecución se planifi có una estrategia de internacionalización integral con el fi n de situar en el panorama mundial a sus estudiantes, sus investigadores y su personal de administración y servicios, favoreciendo la atracción de talento.

El programa “Campus de Excelencia” ralentizó su proceso desde hace un par de años, principalmente por la imposibilidad de desarrollarse como programa de excelencia en un entorno económico nada propicio para dar continuidad al proyecto planteado. Aún con todo, desde la UAM decidimos que el CEI UAM+CSIC sería nuestro nodo central de la apuesta de futuro para el período 2015-2018 y así ha sido valorado recientemente a través de la evaluación fi nal que se ha realizado desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Nuestro Campus de Excelencia Internacional UAM+CSIC se ha consolidado.

El futuro de la educación superior de nuestro país, un futuro aún incierto hace necesario abordar nuevas propuestas y detectar oportunidades, promoviendo un debate serio sobre las reformas necesarias para la modernización e internacionalización de la universidad. Ciertamente, el sistema universitario español presenta defi ciencias y debilidades para poder desarrollarse en un entorno cada vez más competitivo teniendo en cuenta los escasos recursos disponibles. Parece urgente abordar cambios estructurales y de financiación, cambios de gobernanza, cambios de racionalización en la oferta de titulaciones, de grado y de posgrado y cambios en las relaciones universidad-sociedad.

El posicionamiento de las universidades españolas entre las mejores, según las exigencias de los rankings internacionales, dependerá de su capacidad para responder a los siguientes retos: formar titulados capaces de competir en un mercado global, atraer y mantener talento, conseguir una financiación suficiente y basar sus decisiones en una gobernanza basada en la legitimidad y en la efectividad. Nuestro compromiso, nuestra responsabilidad y en defi nitiva nuestro deber, es garantizar que los estudiantes adquieran conocimientos de vanguardia y capacidades flexibles de alto nivel. Esto es, desarrollar sistemas educativos diferenciados que vayan desde programas de grado a doctorado brindando a los estudiantes el acceso a experiencias internacionales.

La mejora de la calidad de la educación superior es precisamente el tema central del primer informe de la Comisión Europea del Grupo de Alto Nivel sobre la Modernización de la Enseñanza Superior. En mi opinión, la visión más clásica y “pre Bolonia” de la universidad está en franco retroceso. Al menos los que tenemos cierta edad, observamos los cambios producidos y sus resultados de forma fehaciente e irreversible. Y obviamente los seguiremos viendo, pues se suceden a gran velocidad. Los costes de la educación superior crecen debido a las inversiones en nuevas tecnologías, así como en profesorado y en personal de administración y servicios más profesional y competitivo.

Es precisamente en esta etapa de revolución social y económica en la que aparecen tecnologías disruptivas que aceleran los cambios drásticamente. Este el caso de los conocidos cursos de enseñanza en abierto, los MOOCs y otras innovaciones que estimularán futuras evoluciones o revoluciones de la Educación Superior.

En el ámbito de la educación, según palabras de Neil Sewyn, experto en internet y educación, “El Big Data e Internet ya son elementos integrales de la educación en naciones desarrolladas y podemos asegurar que su infl uencia continuará creciendo en todo el mundo durante los próximos años aunque cualquier intento de predecir la posible infl uencia de internet sobre las futuras formas de educación es un terreno incierto y de experimentación que, en cualquier caso, promoverá nuevos desarrollos y nuevas tecnologías y herramientas”.

Es evidente que la universidad debe jugar también en este terreno y aceptar el reto de contribuir a generar una sociedad y un mundo en el que el conocimiento suponga poder y en el que la información y el conocimiento sean accesibles y transparentes para todos.

Los MOOCS antes mencionados ofrecen la oportunidad de atender cursos de grandes profesores, referentes en su área, por una pequeña fracción de lo que cuesta estudiar en cualquier universidad. Esta evolución comenzó en 2008 y es obvio que estamos viviendo sus primeros pasos. Los MOOCS no eliminarán la formación presencial, especialmente en las universidades globales, pero si discriminará y causará efectos tremendos sobre aquellas universidades que dejen de ser competitivas con respecto a esta formación on-line masiva. La revolución tecnológica ofrece oportunidades que hay que considerar. Las universidades se enfrentan a un competidor muy potente en la forma de los MOOCS.

El potencial impacto no es económico, sino tecnológico en el sentido de que supone el desarrollo de nueva tecnología y aplicaciones, todavía insospechadas. La oportunidad que ofrecen para acceder a estudiantes e instituciones en cualquier parte del mundo es obvia; son elementos imprescindibles para la internacionalización, la visibilidad y la reputación de la universidad que los produce.

El pasado mes de mayo, se publicaba en el Times que las mejores universidades británicas sentían amenazadas sus posiciones en los rankings de reputación más reconocidos por el avance y la inversión que están realizando en las mejores universidades asiáticas. Según esta información, 27 universidades de élite británicas recibirán 9.400 millones de libras esterlinas en el periodo 2016-2017 para mejorar sus campus, laboratorios y espacios e infraestructuras docentes así como su imagen y competitividad para compensar el avance y la inversión que están realizando las universidades asiáticas. Me pregunto si en nuestro país alguien será capaz de tomar decisiones este tipo para mejorar nuestro sistema educativo superior.

Finalizo con una mirada esperanzadora hacia el futuro y siempre con el ánimo de seguir trabajando en pro de una Universidad mejor, una universidad pública de calidad en un Campus de Excelencia Internacional; un proyecto que iniciamos en 2009 y que constituye el futuro de nuestra universidad.

Tribuna de opinión: La tarea universitaria como compromiso de cohesión y progreso social

LA TAREA UNIVERSITARIA COMO COMPROMISO DE COHESIÓN Y PROGRESO SOCIAL

Yolanda Valdeolivas García

Decana de la Facultad de Derecho de la UAM

RJUAM, nº 29

Me honra ocupar las líneas de esta tribuna para dirigirme por escrito por primera vez, como Decana de la Facultad de Derecho de la UAM, a quienes conforman la comunidad universitaria en general y a los lectores de esta revista jurídica en particular. Se entenderá que tras esta presentación y todo lo que la misma signifi ca no pueda ocultarse una cierta dosis de inquietud, espero que razonable, por la importante responsabilidad que acabo de asumir con mi toma de posesión como Decana de una Facultad que, desde su origen, se ha caracterizado por un notable nivel de exigencia, tanto docente como investigador, constituyéndose en referencia inexcusable dentro de la Universidad Autónoma de Madrid y entre los centros docentes e investigadores en ciencias jurídicas a nivel nacional e internacional. No exagero si digo que jamás hubiera imaginado ocupar esta condición, tomando el testigo de personas de tanta altura intelectual y compromiso con esta Facultad como quienes me han precedido en el cargo, y por quienes siento una profunda admiración y respeto tanto en lo que afecta a su capacidad profesional cuanto, desde luego, a su dedicación universitaria. Aprovecho esta ocasión para agradecer a todos ellos el animarnos a seguir su ejemplo y a afrontar los desafíos de futuro que plantea la deseada mejora constante de nuestra Facultad y de la institución universitaria en su conjunto.

Y mi agradecimiento, también, para todos los miembros de la Facultad de Derecho, en cuya confi anza y respaldo he podido apoyarme para iniciar un trayecto que deseo mantener a la altura y nivel de exigencia que impone y siempre ha caracterizado a nuestra Facultad. De todos y cada uno de ellos sigo aprendiendo algo, día a día, aprovechando su experiencia y rigor en el trabajo y disfrutando, sobre todo, de un afecto que contribuye a hacer más amable y gratifi cante la gestión universitaria en particular y la vida en general. Confi eso abiertamente que me identifico con quienes piensan que el principio más profundo del carácter humano es el anhelo de ser apreciado.

Pertenecer a esta Facultad ha sido siempre un orgullo para mí. Representarla a partir de ahora es un honor que comparto y en buena medida debo a quienes han ocupado el cargo antes que yo y a todos cuantos han participado activamente en su consolidación y mejora, haciendo que esta Facultad sea lo que hoy es; su inestimable ejemplo y colaboración me alienta en la tarea de seguir reforzando y progresando en la excelencia docente e investigadora de la Facultad de Derecho de la UAM.

Facultad que, además, siempre se ha sentido involucrada y comprometida con todo cuanto nos rodea. En primer lugar, con el gobierno de la Universidad Autónoma de Madrid, porque la una no se entiende sin la otra. Por eso, muchos consideramos que el privilegio de formar parte de esta Facultad se engrandece por pertenecer a la Universidad Autónoma de Madrid, cuyo destino condiciona el nuestro y viceversa. Como suelo reiterar, ser de la UAM no es un eslogan, sino una seña de identidad que portamos con orgullo; y que casi todos los que entramos en la Universidad Autónoma descubrimos pronto que, en realidad, es ella la que ha entrado en nosotros; y que a ella rendimos cuentas de nuestro quehacer universitario. Y me atrevería a decir que, incluso, personal, porque sin la UAM no se explica nuestro propio proyecto de vida. Ello nos obliga a una exigencia y responsabilidad profesional y ética elevadas y nos compromete a un esfuerzo individual y colectivo a la altura de la institución en la que nos integramos y a la que servimos, y del servicio público que ejercemos. La carrera universitaria, parte esencial de nuestra vida, como la vida misma, no se desarrolla en solitario, sino en compañía de quienes nos han animado o inspirado y de numerosos proyectos, no pocos conjuntos, que contribuyen a alcanzar metas profesionales y personales ambiciosas.

Dice un proverbio africano que si quieres llegar rápido, debes ir solo, pero si quieres llegar lejos, has de ir con otros. Me gustaría llegar lejos en esta nueva etapa, y para ello solicito la cooperación y acreditada responsabilidad de cuantos trabajan y estudian en esta Facultad. Ni me quiero ni me siento sola en ese propósito; cuento con un equipo de personas a la altura de las complejas tareas y objetivos que tenemos propuestos. A ellos quiero expresar mi profundo agradecimiento por haber aceptado acompañarme en este ilusionante viaje, por darme su confi anza, haciendo un ejercicio de generosidad coherente con su valía profesional, con sus muy consolidadas trayectorias académicas y su contrastada competencia docente e investigadora. Se trata de personas que, entiendo, conocen bien la Facultad y son a su vez fácilmente reconocibles como docentes e investigadores muy comprometidos con ella, lo que les confi ere una posición de privilegio para afrontar las tareas de sus respectivas competencias y unas inmejorables condiciones para afrontar la responsabilidad que amablemente han aceptado compartir conmigo.

Asumimos un compromiso colectivo que, sacrifi cios personales al margen, se fundamenta en la convicción de que no puede haber tarea más gratifi cante que recibir la confi anza para empeñarse en facilitar los medios, planifi car las estrategias y establecer las sinergias necesarias para que la investigación y la docencia en nuestra Facultad se siga desenvolviendo en las cotas de calidad por las que es conocida. Sin duda, el reconocimiento que las tareas de dirección de la Facultad encuentra entre quienes las ejercen sirve de estímulo impagable para acometer con entusiasmo la gestión y gobernanza de los asuntos de nuestro centro y aun de la Universidad, que todos entendemos como propios y a cuya mejora intentamos coadyuvar.

Todo ello explica que la Facultad de Derecho sea reconocida, en el marco de la Universidad Autónoma, como un sujeto que, en lo estructural, habla con una única y sólida voz, y que es capaz de anteponer los intereses generales de la UAM a los particulares de nuestra Facultad. Creo, sinceramente, que somos ejemplo de colaboración y lealtad institucional, que me propongo mantener, advirtiendo de inmediato que tampoco escatimaré esfuerzos en el empeño de reclamar de nuestro equipo de gobierno de la Universidad, y de las autoridades políticas competentes en materia de educación superior, el espacio y el peso que esta Facultad se ha ganado con creces, día a día. La coherencia y esfuerzo de nuestra Facultad de Derecho por mantener esa actitud hace deudores a aquellos de un mayor nivel de receptividad a nuestras singularidades y me parece legítimo aspirar a que nuestra voz se haga oír con mayor nitidez en todo lo que suponga un tratamiento específi co de nuestras peculiaridades en el modo de crear y transmitir el conocimiento. No hay excusa posible para desaprovechar la capacidad de nuestros docentes e investigadores en un proyecto global de Universidad que asegure el conocimiento y su transferencia, la investigación y la innovación en un marco económico, social y cultural sostenible.

Mi propósito es, por tanto, hacer visible y reconocible nuestra función docente e investigadora. Pero no menos nuestro rol de transformación de la realidad social. Este es, precisamente, el segundo objetivo que anticipaba al señalar nuestra explícita contribución e intención de involucrarnos activamente en los problemas que nos rodean. Desde la Facultad participamos de la idea, y queremos coadyuvar a su actualización, de que es inconcebible una sociedad, no solo culta, sino también libre, sin una Universidad robusta, crítica y comprometida con su función social. La misión de educar, formar e investigar es nuestro mejor patrimonio y debemos tener capacidad de movilización y respuesta cuando esa misión se transforma en un privilegio poco accesible, que cada vez más escatima recursos y medios necesarios, como si su misión fuera prescindible o superfl ua o, si se quiere, un lujo al alcance y para satisfacción de unos pocos. Por el contrario, la Universidad pertenece a la sociedad entera, cuyo progreso, libertad, bienestar y solidaridad, valores hoy tan cuestionados, no existen sin aquella. La educación, a todos los niveles, incluida la enseñanza superior, debe reivindicarse y articularse como elemento de cohesión social y como derecho que garantiza el funcionamiento de las sociedades democráticas, porque el nivel educativo de las sociedades determina el horizonte de posibilidades y el grado de bienestar de los ciudadanos. Por expresarlo en palabras de Marjane Satrapi, “la educación es una arma de construcción masiva”.

Por ello, en lo que nos concierne más directamente, para que acceder a la Universidad deje de ser tal privilegio, hemos de poner cuantas capacidades y medios estén a nuestro alcance para asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso a nuestras aulas y el más óptimo y riguroso desarrollo de las enseñanzas. Y debemos asegurar con idéntica intensidad que nuestros alumnos reciban una formación integral; que, al abandonar las aulas, sobre ser buenos profesionales, hayan adquirido los valores que dieron origen y siguen justifi cando esta institución, mostrando el más elevado sentido de la responsabilidad que les haga sentirse los más obligados servidores de la sociedad y el interés general y firmes defensores de que la educación es el único instrumento para transformar el mundo y mejorar nuestra vida.

Para caminar hacia ese objetivo, el programa que presenté para las elecciones al Decanato de la Facultad de Derecho de la UAM contiene propuestas, ambiciosas pero realistas, dirigidas a dar respuesta a necesidades cuya desatención podría llegar a poner en cuestión lo que hacemos, máxime en una situación económica que difi culta gravemente afrontarlas con garantías de éxito y en un entorno social que no puede permanecer adormecido a la espera de tiempos mejores. Debemos hacer un uso imaginativo, valiente y, desde luego, efi caz de los escasos recursos disponibles. Decía Séneca que no nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas. Atrevámonos, entonces, porque no podemos renunciar a seguir consolidando la calidad de nuestras enseñanzas e investigación, de las que, en no poca medida, depende el bienestar social y el desarrollo económico de los ciudadanos. Hagamos de la difi cultad oportunidad.

Aquellas propuestas del programa han querido incidir sobre lo que estimo la espina dorsal de nuestra actividad: los colectivos de personal docente e investigador, de personal de administración y servicios y de estudiantes; los estudios de grado y posgrado; su progresiva internacionalización en un contexto económico, social y cultural globalizado; la investigación e innovación para responder ágil y efi cazmente a los retos que ese contexto globalizado impone; el reforzamiento de las relaciones institucionales con entidades públicas y privadas, llamadas a cooperar recíproca y lealmente a ese propósito; o, en fi n, la transferencia social y visibilidad de nuestra actividad al servicio del bien común y el progreso social y económico, por señalar algunas. Confío en que todas ellas rindan pronto resultados positivos y sean capaces de aunar en un esfuerzo común el mayor número de voluntades en nuestra Facultad y fuera de ella.

Esos objetivos comparten nuestra misión como Facultad con la que es propia de la UAM y de la Universidad en su conjunto, aunque no puede dejar de obviarse que el contexto no favorece ahora, ni es esperable que en un futuro inmediato, su mejor consecución, y que los duros recortes que venimos padeciendo las instituciones, los docentes y el personal de administración y servicios, así como los propios alumnos de manera muy singular difi cultan sobremanera un entorno adecuado que nos anime a emprender acciones que, por ambiciosas, estarían condenadas al fracaso o la melancolía. Hemos de ser conscientes de que todo lo que represente una inversión económica en recursos humanos, hoy por hoy ya desmotivados en buena medida y no sin razones, o en recursos materiales, que no es previsible que podamos reclamar a unas autoridades que no entienden la educación en todos sus niveles como una prioridad que, en tiempos de crisis, se hace aún más inexcusable, está prácticamente descartada a priori. Por ello, creo más conveniente ahora ser prudentes y realistas en los proyectos y no aspirar a cambios radicales, más allá de lo que permitan nuestros propios recursos internos y nuestra propia capacidad para gestionarlos con habilidad. Aun cuando ello no obsta señalar que creo factibles reformas tanto en el plano docente como investigador que, sin costes excesivos, sean susceptibles de mejorar nuestra actividad y sus resultados. Sin renunciar, desde luego, a reformas radicales que reclamamos y para las que buscaremos las alianzas y apoyos externos que sean adecuados.

Nuestra sociedad, la Universidad y nuestra Facultad de Derecho se encuentran en un momento crítico. De las decisiones que tomemos a corto y medio plazo dependerá la salida digna de esa situación o, por el contrario, entrar en una deriva indeseable. Para lo primero, la salida digna y aun reforzada que nuestra Facultad merece, es imprescindible el esfuerzo y compromiso de todos. La tarea universitaria nunca fue fácil, pero en buena compañía y movida hacia un objetivo común, además de más grata, se torna más eficaz. Cada uno de los universitarios debe ejercer su actividad y cumplir sus obligaciones con honestidad y el máximo rigor, persuadidos de que de su contribución, por pequeña que se considere, condiciona la marcha de la institución.

Y en esa responsabilidad común me dirijo especialmente a los docentes en un momento en que el entorno no favorece plenamente su reclamada corresponsabilidad. En este sentido, quiero resaltar que comparto la máxima pedagógica de que los profesores enseñan tanto por lo que saben, como por lo que son, aunque a menudo parezca ignorarse en el ámbito universitario. Esa ignorancia supondría tanto como pensar que en la Universidad la dimensión personal del profesorado, como de su personal administrativo, se hiciera invisible en el ejercicio profesional y no afectara a la calidad de la enseñanza. En mi opinión, no es así y buena parte de nuestra capacidad de formar a los estudiantes se deriva precisamente de lo que somos como personas, de nuestra forma de presentarnos y relacionarnos con aquellos. Así que no solo nuestra más alta competencia profesional sino también nuestro ejemplo ético, dignidad y honestidad deben ser guía de nuestra actividad como universitarios. Recuerdo en este instante al querido y añorado Profesor Tomás y Valiente, verdadero ejemplo de lo que debe aspirar a ser un universitario, cuando decía: “hay un modo de educar que se produce de manera incluso involuntaria en el trato entre profesores y discípulos: aquéllos ofrecen, tanto si son conscientes de ello como si no, su conducta como ejemplo, y con aquélla y con éste, buenos o malos, educan, bien o mal, a sus alumnos. Tal vez en ello consista la dignidad mayor de este arriesgado ofi cio, ejercido día a día ante un público exigente y lúcido”.

La Universidad no puede dejar de analizar la realidad que nos rodea con el rigor que debe guiar todo proyecto científi co, pero tampoco ha de olvidar la motivación de cambiar tal realidad cuando la misma impide el mayor progreso y bienestar social. Realmente necesitamos imaginar un mundo mejor, como reclamaba Lennon, que la educación lo persiga y que ella misma avance como instrumento cada día más efi caz en ese empeño. Debemos aspirar a otra realidad que anime nuestra conciencia dormida y genere insatisfacción con el mundo que nos rodea; que cada uno se imagine capaz de mejorar por medio de la educación. De ahí la relevancia de la universalización de la educación y del principio de equidad e igualdad de oportunidades que la inspira. En este sentido, deseo que la universidad se independice del poder fi nanciero y económico que tanta infl uencia despliega en la vida política y mediática de nuestro país; y que deje de ser leída casi siempre en clave utilitarista o en términos de efi ciencia. Aun cuando tampoco dejaría de recordar a quienes se empeñan en meternos en ese envoltorio que no existe ninguna otra inversión que produzca mayores y mejores retornos sociales y económicos que la educación.

Si no fuera también por esto último, mantener un proyecto emancipador para la educación y la Universidad resultaría misión imposible y parece ciertamente incompatible con los mensajes que recibimos de la política, la administración, los medios de comunicación, las agencias de evaluación y los organismos internacionales, cuyo lenguaje hemos llegado a asumir acríticamente sin apenas percibir que detrás de los conceptos se oculta un nuevo modelo educativo y de Universidad que aprovecho para denunciar. Términos como competitividad, rendimientos, resultados, efi cacia, rendición de cuentas, rentabilidad, mercado, mundo laboral, evaluación de la calidad, pruebas externas, privatización, fracaso, indicadores, ranking y tantos otros alejan el discurso de la verdadera razón de ser de la educación como formación humana y distraen la confi anza en una ciudadanía responsable, colaboradora y solidaria, donde los sujetos se sientan libres, se compensen las desigualdades y se fomente el pensamiento libre, crítico y creador. La educación debe reivindicarse, según he señalado más arriba, como elemento de cohesión social y como derecho democrático.

El escenario que hoy rodea a la Universidad puede inducirnos a una visión pesimista. Es evidente que el espíritu crítico y autocrítico que defi nen al universitario propicia con frecuencia que en lo que afecta a la Universidad se incurra en pesimismo. Quizás es porque solemos ser tan vanidosos que creemos que ser pesimista es una de las expresiones de ser inteligente o, por el contrario, que ser optimista es no enterarse de lo que está pasando.

Como no me siento ni vanidosa ni ignorante, quiero concluir abriendo puertas a la esperanza y cerrando vías al conformismo. Por ello, en este momento y con mi nueva condición renuevo públicamente mi compromiso personal e institucional con la Universidad pública y de calidad, y con la Universidad Autónoma de Madrid en especial; creo representar a muchos si aseguro que pondremos lo mejor de que somos capaces por estar a la altura de esa responsabilidad y demandaremos a nuestras autoridades políticas y académicas gestionar la escasez con sabiduría, reconociendo que detrás de cada decisión se halla el futuro de este país.

Cuento con todos y cada uno de los que componen esta comunidad universitaria y todos ellos cuentan conmigo para cruzar el puente de las aguas turbulentas de las restricciones presupuestarias y el desafecto de los poderes públicos que tanto nos están minando. De forma que, cuando lleguemos a la otra orilla, se haya minimizado su impacto y pisemos una ribera menos hostil. Estoy orgullosa de pertenecer a esta comunidad universitaria y nada sería más satisfactorio para mí que, al fi nal de mandato, hayamos podido daros motivos para que os sintáis orgullosos de nosotros. Mi esfuerzo personal e institucional para esa tarea tan compleja como apasionante queda comprometido formalmente.

Yolanda Valdeolivas García. Madrid, julio de 2014.

Tribuna de opinión: Abogacía y responsabilidad social

El número 27 de la RJUAM contiene la Tribuna de opinión titulada “Abogacía y responsabilidad social”, por Sonia Gumpert, Decana del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. La reproducimos íntegramente.

Como Decana del Colegio de Abogados de Madrid me interesan en extremo las relaciones entre la Universidad y el profesionalismo, entre el campus de las facultades de Derecho y el mundo de la abogacía.

Por ello, tengo el propósito de tender puentes cada vez más intensos que lleven a la universidad el aliento del ejercicio práctico de las artes profesionales de la abogacía y que traigan a éste el flujo de los conocimientos y el pensamiento jurídico de las cátedras universitarias.

La cuestión no es menor, pues aunque desde hace algunos años se realizan esfuerzos desde ambas orillas a través del intercambio de profesores y de cauces de aprendizaje entre aulas y despachos, este año se pone en marcha de forma general el Master de acceso al ejercicio de la abogacía y todo el proceso de prácticas que implicará la nueva formación legalmente exigida para ingresar en la noble profesión de abogado.

Este reto exigirá de todos nosotros pensar, imaginar, inventar y construir un mundo de relaciones y de colaboración masiva entre la Universidad y la Abogacía, si queremos que el volumen de intercambio de nuestros respectivos talentos adquiera la masa crítica necesaria para ser fuente del grado de excelencia que merece el bienestar intelectual de nuestras generaciones futuras, nuestro país y nuestros conciudadanos.

Esta tribuna, que generosamente me brinda la Universidad Autónoma, de la que tengo a gala haber sido alumna y profesora colaboradora, ha de contribuir a dicho propósito, aportando algunas reflexiones al debate suscitado en torno a una de las instituciones jurídico-económicas de más actualidad y más interesantes de los últimos años, tanto en las aulas universitarias del Derecho como en los mercados, en el mundo empresarial y a lo largo y ancho de todo el profesionalismo: La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) que, para nuestra institución profesional, el Colegio de Abogados de Madrid, viene siendo ya desde hace algunos años, la “Responsabilidad Social de la Abogacía” (RSA).

Y quiero hacerlo aquí precisamente, donde la regla de oro es no engañarnos o no empañar con hipocresía la búsqueda de la verdad científica porque, como en todo debate ético, se acumulan en torno a la RSC equívocos que hemos de empezar a despejar para propiciar un camino de avance y evitar convertirlo en un instrumento contrario a la finalidad que latiera en su génesis.

Doy por sentado que de todos es sabido en qué consiste la RSC. Pero sobre todo, en qué consiste el motor de su erupción en los mercados y que en síntesis no es otro que, junto con las también conocidas por todos “Normas de Buen Gobierno Corporativo”, llevar a los destinatarios de los bienes y servicios, es decir, a todos los ciudadanos en tanto que consumidores y usuarios, el mensaje de que a sus productores no les guía exclusivamente el afán de lucro y que su legítima aspiración no se desbocará en codicia, malbaratando en su consecución la calidad de los bienes producidos o de los servicios prestados. Es decir, que están dispuestos a someter su actividad económica empresarial a unas prácticas y a un código ético que garantice a sus destinatarios que, si bien trabajan por afán de lucro, éste vendrá siempre sometido al interés público y al bienestar social que toda economía ordenada a la supervivencia sostenible debe perseguir y viene llamada a procurar. Y por tanto que no persigue sólo y exactamente “devolver” a la sociedad parte del lucro recibido de ésta, sino, sobre todo y además, no quitarle más de lo necesario para que el lucro alcanzado lo sea decentemente.

Constituye la RSC un avance ético considerable en un mundo en permanente combustión competitiva, que sitúa de continuo a sus mercados al borde del hundimiento a manos de la salvaje codicia particular de unos pocos. Pero en modo alguno es netamente altruista, como a primera vista pudiera parecer, porque lo que se divisa al fondo de su interés no es sino ofrecer a los consumidores más confianza para que sigan adquiriendo sus bienes y servicios en la mayor cantidad posible y al mejor precio posible.

Partiendo de lo dicho y cuando la RSC se extiende a lo largo y ancho de todas las actividades económicas o empresariales y el mundo de la abogacía y sus colegios bajo las siglas “RSA”, quiero llamar la atención sobre tres cuestiones que a mi juicio deben quedar muy claras al respecto, para que nadie pueda llevarse a engaño en relación con el alcance y la significación que tiene la recepción en la abogacía de la “RSA” y la justa medida en la que dicha recepción debe situarse.

La primera de ellas, que pudiera dar la impresión de que en la abogacía nos venimos a apuntar a la RSA con retraso y para evitar quedar en evidencia ante su imparable empuje y ante la excelente acogida social que despierta, cuando nada hay más lejos de la realidad. La abogacía viene desde la fundación de sus Colegios de Abogados, a partir de los años de mil quinientos, asumiendo con las demás profesiones llamadas clásicas la más genuina y paradigmática responsabilidad social que ninguna actividad económica haya asumido aún y hasta nuestros días en mercado alguno: proclamar y asumir ante la sociedad y ante sus clientes –los consumidores y usuarios de los servicios jurídicos- un Código Ético y garantizarles su exigencia por todos los abogados, bajo colegiación universal y mediante la potestad sancionadora que el Estado ha delegado en sus Juntas de Gobierno. Este compromiso ético de la Abogacía, cuya exigencia constituye la actividad fundamental de sus Colegios, está muy lejos de asumirse y garantizarse por el resto de sectores y actividades económicas o empresariales, por mucha RSC que practiquen y hacia la que a duras penas avanzan aún lentamente.

 RSA que igualmente a través de sus propios Colegios, extiende la abogacía a prestar Amparo Colegial –con mayúsculas- a las prerrogativas del abogado en el ejercicio de la defensa mediante su potestad de Amparo, igualmente delegada por el Estado, con la finalidad de proteger su libertad e independencia facultativas frente a las ingerencias o limitaciones de los poderes públicos y, siempre y en todo caso, en beneficio público de toda la sociedad y todos los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos y libertades. Actividades de RSA, de las que aún y también carecen cualesquiera otras actividades empresariales o económicas en cualesquiera otros mercados no profesionales, por mucha RSC que practiquen.

RSA que, además, practican los Colegios de Abogados desde su propia génesis, prestando defensa jurídica gratuita a quienes carecen de medios económicos, a través del nunca bien reconocido Turno de Oficio, que no fue otro sino el propio motivo y razón de la fundación del Colegio de Abogados de Madrid, allá por 1596.

Actividades de RSA de extraordinaria significación y trascendencia social masiva, que ya en la actualidad extiende nuestro propio Colegio a múltiples y variadas prestaciones “pro bono” y de voluntariado a través de su Centro de RSA. No caben en estas breves líneas las actividades realizadas, pero pueden consultarse en nuestra Memoria Anual[1].

La segunda cuestión sobre la que debo llamar la atención, es la que ya he apuntado, pero quiero dejar patente con contundencia: Que son el resto de actividades económicas aún no profesionalizadas que operan en el mercado las que, en pos de las profesiones clásicas y en particular de la abogacía como paradigma de todas ellas, se vienen posicionando tras ella por medio de la ahora llamada RSC, en el camino de la regulación ética y la independencia autorregulada de sus actividades económicas. Aún siendo de alabar así como de desear su rápido avance, no han alcanzado aún las demás actividades económicas el nivel de compromiso social que la abogacía viene acreditando con sus Colegios desde hace ya cinco siglos.

Finalmente es la tercera cuestión que deseo señalar con mucho la más trascendente en esta hora decisiva para el profesionalismo, a las puertas del debate parlamentario de la tan anunciada Ley de Servicios Profesionales. Siendo la RSC el síntoma de que todos los sectores económicos caminan tras las profesiones liberales y la abogacía en pos de su autorregulación ética disciplinada, es nuestra principal responsabilidad social empresarial y económica, ejercida con toda nuestra capacidad científica e intelectual junto con toda nuestra voluntad política y con la máxima energía, que la RSA pueda convertirse en la coartada para sustituir el avanzado desarrollo de la abogacía en virtud de la regulación ética disciplinada de sus actividades económicas y para deshacerse ella por gravosa retrocediendo al estado que la RSC presenta aún en ciernes en el resto de los mercados, aprovechando el desmedido afán desrregulatorio de las profesiones que los poderes públicos pretenden culminar con la Ley de Servicios mencionada, debilitando si no eliminando nuestros Colegios Profesionales y sus elementos jurídicos fundamentales como la colegiación universal u obligatoria y otros.

Debo concluir recordando que nuestras instituciones colegiales y su control ético de nuestras actividades económicas y empresariales son la primera Responsabilidad Social de la Abogacía, sea ello dicho, como no, con permiso de nuestro Turno de Oficio y del de las demás actividades pro bono y de voluntariado que impulsamos desde nuestro Centro de RSA.

Sonia Gumpert Melgosa. Madrid, mayo de 2013.


[1] El año 2012 la Corporación que presido registró un total de 111.874 expedientes de Asistencia Jurídica Gratuita y durante este ejercicio se han certificado a la Administración 95.458, siendo el total de designaciones de abogado efectuadas en el citado año 2012, 111.642. Del total de designaciones, el 61% provinieron de asistencias durante el servicio de guardia de 24 horas a detenidos, imputados no detenidos, ciudadanos extranjeros y víctimas de violencia de género y del total de nombramientos de turno de oficio, el 84 % se han efectuado para procedimientos en la instancia y el 16 % para la interposición de recursos. El 93% de las designaciones tuvieron como objetivo la intervención ante órganos judiciales con sede y competencia en el ámbito de la Comunidad de Madrid mientras que el 7% restante se produjeron ante órganos centrales de la Administración de Justicia.

Por lo que refiere a la materia objeto de cada designación, el 61% fueron para la defensa en procedimientos penales, incluidos menores. En cuanto al servicio de guardia, en el año 2012, se realizaron 87.834 asistencias, de las que 81.719 lo fueron a ciudadanos detenidos y 6.115 a víctimas de violencia de género. Estas designaciones fueron atendidas por 4.825 abogados, distribuidos en 6 turnos especializados y cinco demarcaciones territoriales que abarcan 17 partidos judiciales de la Comunidad de Madrid.

Desde el servicio de asistencia letrada al detenido del Colegio se han atendido 327.373 llamadas telefónicas, emitiéndose 180.620. Se han resuelto 65.568 consultas telefónicas desde el Departamento del turno de Oficio y, durante el año 2012, los Servicios de Orientación Jurídica han atendido 128.245 consultas, de entre las que se tramitaron 27.977 expedientes.